Solo 1000 palabras. ¡Sí, es una cuestión de género!

Me ocuparé de algunas noticias provenientes de Uruguay cuya relevancia podría no exceder lo local, por lo que delinearé enseguida su contexto. A saber, un contexto de relativo éxito en el control de la epidemia provocada por el Coronavirus y de reciente renovación de los cuadros de gobierno nacional, con el ascenso de una coalición de partidos orientados hacia la derecha neoliberal conservadora, luego de un período relativamente largo de gobiernos orientados hacia el centro izquierda socialdemócrata.
Aún en las tinieblas de la primera fase de respuestas ante la Covid-19, las de confinamiento y cese de actividades del primer trimestre de 2020, el presidente uruguayo minimizó el indeseado, pero innegable, aumento de la exposición de mujeres, niñas, niños y otros grupos vulnerables a situaciones de violencia y abuso debido a la convivencia intrafamiliar prolongada y obligatoria. Para hacerlo recurrió a la fórmula “efectos colaterales de la pandemia”. Las feministas y otros actores comprometidos con la agenda de derechos humanos salieron al cruce [1]. Agregaré sólo que la infelicidad de estos dichos radica menos en lo que muestran que en aquello que esconden.
En el mes de junio, una legisladora del más conservador de los partidos que sostienen la actual coalición de gobierno en aquel país sudamericano, sostuvo en sesión parlamentaria que los femicidios son producto de problemas psicológicos como el “exceso de amor” que lleva a algunos hombres desesperados a matar a parejas o ex parejas [2]. Entonces percibí que estamos ante un grave problema.
No porque alguien pueda creer que las políticas de protección de las víctimas y las campañas de prevención de la violencia de género sean el origen del problema en lugar de una (a veces magra) solución. Sino porque ese alguien –soslayando aquí si ella misma es parte de los grupos vulnerados- tiene el poder de incidir en la factura, ampliación o supresión de esas políticas. Y aún más. Porque esa legisladora está allí en representación de aquellos pocos que votaron por su partido.
Es decir, no está sola. Y aunque algunos puedan ridiculizarla, como parte de un excéntrico grupo de conservadores anhelantes de un pasado autoritario fuera y dentro de los hogares, ella alza la voz porque tiene seguidores y sabe que su operación simbólica produce efectos. Hoy probablemente sean escasos. Pero es negligente menospreciar el avance (valga la paradoja) de sendos movimientos regresivos que atacan sistemáticamente la agenda de derechos ya instalada desde las últimas décadas del siglo pasado.
Sin embargo, esta segunda “falta de oportunidad” pasó y no le dediqué tiempo de escritura, aunque sí de reflexión. Entre otras cosas porque por entonces me encontraba en pleno ejercicio del chancleteo veraniego y muchas ideas sobre cultura, ideología y hegemonía venían a mi mente para abandonarme enseguida, al influjo de la brisa de los Alpes Marítimos.
Pero un día llegó un soplo pampeano, prodigio imposible a no ser en la metáfora abonada por los servicios que nos brindan la nuevas tecnologías de información y comunicación. Y con aquel viento sureño llegaron las palabras del novel ministro de salud uruguayo, en referencia al menor respeto masculino de las medidas para prevenir el contagio: “No es una cuestión de género, las mujeres acatan más, son más protectoras y protegen más al otro, el hombre desafía y le parece que ese es un buen mecanismo...” [3].
Más titubeante, parecía buscar eludir las polémicas suscitadas por la señora parlamentaria. Sin embargo, a mí me sonaron producto del mismo tipo de operación simbólica, que niega ideológicamente su carácter de tal, apoltronándose en el podio de las significaciones que se tornan sentido común, negando y denostando otras posibles interpretaciones de lo social y lo cultural.
Lo que el ministro niega es que hombres y mujeres de la especie humana cargamos con diversos índices diferenciales que exceden nuestro dimorfismo sexual. Lo que él, la diputada y el presidente soslayan es que en una sociedad humana los actos individuales –como la perpetración del homicidio de la novia o de la esposa o la decisión de usar barbijo para contribuir a evitar el contagio con la Covid-19- son comprensibles sólo a condición de observarlos a través de la lupa de la cultura. No derivan de un esquema genético inmutable, ni de una psique que no sea socialmente moldeable.
Y cuando digo cultura, no quiero anegar a los lectores en el lodazal del concepto “insular” de cultura, según el cual cada grupo humano, más o menos delimitado en un contenedor territorial y regido por una identidad política, posee “una” cultura que lo diferencia hacia afuera y lo homogeneiza hacia adentro.
Con cultura refiero a los complejos mecanismos mediante los que diversos grupos dentro de una o múltiples sociedades agencian recursos, no necesariamente materiales, para imponer su visión de mundo sobre las de otros grupos; negando, al mismo tiempo que lo ejercen, el poder que les permite consagrar su cosmovisión y su moralidad como la única posible.
Sí, es una cuestión de género, señora diputada. Es una cuestión de género, señor ministro. No son colaterales, sino causales, los efectos violentos del confinamiento obligado de víctimas y abusadores bajo el mismo techo, señor presidente.
No se debe asumir como aceptable o inevitable que la frustración de un hombre ante las decisiones de una mujer lo lleven a golpearla brutalmente, o encogerse de hombros al comprobar que esta violencia termina en muertes, sobre todo si un confinamiento impuesto aumenta la exposición de las víctimas.
No es “natural” que hombres y mujeres muestren conductas diferentes frente al peligro y las eventuales medidas de protección, como desliza el ministro de la salud. Estamos ante construcciones culturales, históricamente situadas, con consecuencias concretas que cuestan vidas. Ignorarlas es negar la posibilidad de modificarlas, de introducir nuevas formas de vivir juntos, en fin, de honrar la acción política.